La idea suena razonable: si cada línea telefónica queda ligada a una CURP y a datos biométricos, se acaba la extorsión desde números anónimos. Como argumento de seguridad es fácil de vender.
El problema está del otro lado. Un padrón así concentra en un solo lugar el nombre, la CURP, el teléfono y los biométricos de millones de personas. Y en México ya sabemos cómo terminan esas bases: filtradas y en venta. Ha pasado con el padrón electoral y con datos de varias dependencias.
Ya lo intentamos con el PANAUT y terminó en la Suprema Corte, que lo declaró inconstitucional. No por capricho: el costo en privacidad no venía acompañado de evidencia de que sirviera.
Mientras tanto, quien delinque sigue teniendo salidas. Chips a nombre de terceros, líneas robadas, llamadas por internet que no pasan por ninguna telefónica mexicana.
No estoy en contra de identificar líneas. Estoy en contra de construir un blanco enorme sin decir antes quién lo cuida, con qué presupuesto y qué pasa el día que se filtre.